Derechos Humanos

Europa

La política y la actuación de la Unión Europea en materia de derechos humanos tiene dos vertientes principales. Una de ellas consiste en proteger los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de la UE y la otra en promover los derechos humanos en todo el mundo.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea garantiza los derechos de los ciudadanos de la UE. Establece los derechos fundamentales que son vinculantes para las instituciones y organismos de la UE y también para los gobiernos nacionales cuando estén aplicando la legislación de la UE.

La Unión Europea se basa en un sólido compromiso de promover y proteger los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en todo el mundo. Los derechos humanos están en el centro de las relaciones de la UE con otros países y regiones.

Con su política de derechos humanos, la UE:

• Promueve los derechos de las mujeres, los niños, las minorías y las personas desplazadas.

• Se opone a la pena de muerte, la tortura, la trata de seres humanos y la discriminación.

• Defiende los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

• Defiende los derechos humanos mediante una estrecha y activa colaboración con los países asociados, las organizaciones internacionales y regionales y grupos y asociaciones a todos los niveles de la sociedad.

• Incluye cláusulas sobre los derechos humanos en todos los acuerdos comerciales o de cooperación con países no pertenecientes a la UE.

España

España ha rendido cuentas sobre el grado de cumplimiento, protección y defensa de los DESC entre los años 2012 a 2016. El Comité ha escuchado al gobierno español y a las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas a la Plataforma DESC que ha presentado un informe apoyado por más de 150 entidades.

Tras un exhaustivo análisis los miembros del Comité aprobaron el 29 de marzo las observaciones finales al sexto informe periódico de España. El Comité DESC ha mostrado su preocupación por cómo la drástica reducción del gasto público en el ámbito social y “la prolongación de la aplicación de algunas medidas de austeridad” están afectando a la garantía de todos los derechos del Pacto y “desproporcionadamente a los grupos y personas más desfavorecidos y marginados”, en especial a “las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los gitanos y romaníes, así como los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes.” Ha recalcado que el índice de la población que se encuentra en riesgo de caer en la pobreza y exclusión social es alto, y afecta de manera significativa a estas personas.

Junto a estas preocupaciones, las observaciones finales recogen un conjunto de recomendaciones para que España adapte su legislación nacional a los Tratados Internacionales de derechos humanos entre ellas:

• Garantizar que los DESC cuentan con el mismo nivel de protección que los derechos civiles y políticos y promover su aplicabilidad en todos los niveles del sistema judicial, inclusive mediante el recurso de amparo, lo que implica un cambio constitucional.

• Adoptar una ley integral de no discriminación que garantice una protección suficiente, incluyendo explícitamente todos los motivos de discriminación prohibidos; defina la discriminación múltiple, así como directa e indirecta; prohíba la discriminación tanto en el ámbito público como en el privado; e incorpore disposiciones que permitan obtener reparación en casos de discriminación, inclusive por medios judiciales y administrativos.

• Derogar el artículo 315, párr. 3 del Código Penal a fin de evitar la persecución penal de trabajadores que han participado en huelgas.

• Elaborar y adoptar una estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2018-2020.

• Reglamentar el mercado privado de la vivienda y modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para facilitar la accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de una vivienda adecuada para las personas de bajos ingresos.

• Adoptar un marco legislativo que establezca requisitos y procedimientos adecuados para llevar a cabo desahucios o desalojos forzados, que entre otros incorpore los principios de razonabilidad y proporcionalidad, así como las debidas garantías legales y procesales para las personas afectadas.

• Derogación de las disposiciones del Real Decreto-ley 16/2012 que han supuesto retrocesos en la protección del derecho a la salud y asegurar que los migrantes en situación irregular tengan acceso a todos los servicios de salud necesarios.

Reino Unido

La planificada salida del Reino Unido de la UE (Brexit) en marzo de 2019 continuó dominando la vida pública y eclipsando otras preocupaciones acuciantes en temas de derechos humanos. En noviembre, los gobiernos de la UE y el Reino Unido llegaron a un acuerdo provisional sobre un tratado para cubrir el período de transición posterior a la salida del Reino Unido de la UE en 2019. También acordaron un borrador de declaración política sobre las relaciones futuras que incluye un compromiso con los derechos humanos. Pero en el momento de redacción de este informe, no estaba claro si el tratado sería aprobado por el Parlamento del Reino Unido, dejando abierta la posibilidad de que el país se fuera en 2019 sin un acuerdo, lo que conllevaría graves riesgos para los derechos humanos, incluida la incertidumbre sobre los futuros derechos de residencia de ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido y de ciudadanos del Reino Unido que viven en países de la UE, después del Brexit.

• Una ley de junio de 2018 para incorporar la legislación de la UE a la legislación nacional cuando el Reino Unido abandone la UE fue criticada por omitir la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, lo que abre la posibilidad a un futuro gobierno del Reino Unido de debilitar las protecciones laborales y de otros derechos derivadas de la legislación de la UE.

• Hubo avances significativos con respecto a la complicidad del Reino Unido en las operaciones de tortura y detención secreta dirigidas por la CIA. En mayo, el primer ministro se disculpó sin reservas con una pareja libia por el papel del Reino Unido en su entrega a Libia en 2004.

• El Reino Unido continuó sin imponer un límite máximo de tiempo a la detención migratoria, y siguió deteniendo a inmigrantes y solicitantes de asilo menores de edad. Los datos publicados en noviembre muestran que el gobierno había reubicado sólo a 220 niños no acompañados de otros países de la UE, frente a su meta de 480. El Reino Unido sólo había reasentado a 417 niños refugiados como parte de un compromiso de 2016 de aceptar a 3.000 niños de zonas de conflicto en Oriente Medio y África.